La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha reclamado la creación de un instrumento financiero comunitario con el que garantizar el éxito de la política industrial europea. En este sentido, la organización se alinea con la postura defendida por la delegación de España en el Consejo de Competitividad e Industria celebrado en Bruselas el pasado 24 de mayo, confiando en que esta se vea respaldada en el Consejo Europeo los próximos días 27 y el 28 de junio.
El 35% de las tecnologías esenciales para la transición no son económicamente competitivas
«Europa necesita que, paralelamente a la transición hacia los objetivos innegociables del Green Deal, se impulsen medidas que potencien su competitividad industrial en el contexto global a través de un Industry Deal», comenta Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.
De hecho, la Alianza lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de articular un modelo de financiación permanente que permita abordar las inversiones necesarias, que están estimadas en 800.000 millones de euros anuales. Asimismo, defiende que es preciso diseñar un marco europeo de ayudas a la inversión que evite la distorsión entre Estados miembros, pues se estima que alrededor del 35% de las tecnologías esenciales para la transición no son todavía económicamente viables ni competitivas.
Por ello, Reinoso ha destacado la necesidad de conformar un pacto para impulsar la competitividad de la industria europea, premisa que ha trasladado al presidente del Gobierno y los ministros de Industria y Economía, así como a los principales partidos políticos.
Una política industrial unida
«No basta con más ayudas sin una dimensión comunitaria», advierte Reinoso. «Mayores ayudas nacionales, dirigidas por los Estados, van en detrimento de países con menor capacidad fiscal y de financiación para poder desplegar esas ayudas. Y es que la integridad del mercado único se ve amenazada por el desigual apoyo que los países de la UE están dando a sus industrias».
Como contrapunto, usó como ejemplo el caso de Estados Unidos, que sí han apostado por una política industrial unida. Reinoso recordó que la ley norteamericana de reducción de la inflación aprobada en agosto de 2022 compromete un gasto de 437.000 millones de dólares en los próximos diez años, de los que 369.000 se concentrarán en un programa de acción climática a través de créditos fiscales y ayudas directas. Se espera que esto influya de forma directa en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales intensivos en capital, lo que pondrá en riesgo tanto las futuras inversiones en Europa como la continuidad de las cadenas de suministro.
