El nuevo mapa está articulado en 22 corredores
Hasta ahora, la Administración General del Estado venía gestionando también rutas de competencia autonómica, pero con la nueva organización, el Estado se centrará en los trayectos de largo recorrido entre comunidades, mientras que las regiones podrán hacerse cargo de los servicios internos. Para ello, contarán con recursos específicos cuya distribución se basará en criterios técnicos como la densidad de población, la orografía o el grado de dispersión territorial.
El nuevo mapa está articulado en 22 corredores y tiene como objetivo optimizar la red de rutas actuales, reduciendo los tiempos de viaje y haciendo más eficiente el servicio. Según los datos del ministerio, esta reorganización permitirá acortar los trayectos en una media de 20 minutos, con reducciones de hasta tres horas en algunos casos. Se espera, además, una disminución del 20% en las tarifas y un incremento del 40% en la ocupación de los vehículos, lo que derivará en una reducción del 25% en las emisiones por pasajero.
Estas mejoras obedecen a una planificación que prioriza la conectividad directa entre grandes núcleos poblacionales, reduciendo paradas intermedias y eliminando solapamientos en rutas de competencia regional y estatal.
Un modelo más descentralizado
El modelo propuesto ofrece mayor coherencia entre la gestión administrativa y el ámbito territorial de los servicios. No obstante, las comunidades autónomas no están obligadas a aceptar esta redistribución de competencias. En caso de no hacerlo, el Estado seguirá gestionando las rutas como hasta ahora. Aun así, el ofrecimiento de financiación específica y la posibilidad de adaptar las rutas a las necesidades de cada territorio podría suponer un incentivo importante para muchas regiones.
En definitiva, esta reorganización plantea un modelo más ágil, descentralizado y ajustado a la realidad demográfica y geográfica del país, con potencial para mejorar la eficiencia del sistema, reducir costes y avanzar hacia una movilidad más sostenible.
