Cada vehículo acumula una carga de 150.000 euros desde 2013
Desde el punto de vista del sector, el mantenimiento de los peajes supone un grave perjuicio económico. Apetamcor estima que cada camión paga unos 50 euros diarios por circular por esta vía, lo que se traduce en una carga acumulada de hasta 150.000 euros por vehículo desde 2013, año a partir del cual podría abrirse la puerta a reclamaciones si se declara la nulidad. Por ello, la asociación insta a los transportistas a conservar todos los tickets y facturas de peaje, con el fin de estar preparados para una eventual devolución.
Apetamcor apunta directamente al Ejecutivo español como responsable de promover la anulación de las prórrogas aprobadas en 1994 y 2000, bajo los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, respectivamente. En caso de no hacerlo, se plantea la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo mediante un recurso contencioso-administrativo.
Desde el ámbito jurídico, la asociación ha señalado que el rescate de la AP-9 sin compensación económica a la concesionaria es viable, apoyándose en jurisprudencia europea y en un estudio de la Universidade da Coruña. Dicho informe cifra entre 900 y 1.200 millones de euros el coste real de asumir el control de la infraestructura, una cantidad muy inferior a los 2.356 millones estimados por la Xunta de Galicia, y muy lejos de los 6.000 millones especulados por el Ministerio de Transportes.
Un debate de largo recorrido
El debate no es nuevo, pero toma una nueva dimensión por el impacto directo en la competitividad del transporte gallego, que sufre una desventaja estructural frente a otros territorios con vías libres de peaje. La Xunta ha vuelto a instar al Estado a ejecutar el rescate cuanto antes, advirtiendo que el retraso encarece la operación por lucro cesante y que cada año de inacción aleja más la posibilidad de una solución razonable.
Mientras tanto, el transporte gallego se mantiene firme: exige el fin de los peajes en la AP-9 como paso indispensable para garantizar la viabilidad económica del sector, reducir costes logísticos y reequilibrar el mapa de infraestructuras del país.
